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En lo que va del siglo XXI, la economía peruana ha presentado dos fases diferenciadas de crecimiento económico. Entre 2002 y 2013, el Perú se distinguió como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6,1% anual.

La adopción de políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales de amplio alcance, en un entorno externo favorable, crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El firme crecimiento del empleo y los ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza (porcentaje de la población que vive con menos de USD 5,5 al día) cayó de 52,2% en 2005 a 26,1% en 2013, lo que equivale a decir que 6,4 millones de personas dejaron de ser pobres durante ese periodo. La pobreza extrema (aquellos que viven con menos de USD 3,2 al día) disminuyó de 30,9% a 11,4% en ese mismo lapso.

Entre 2014 y 2017, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 3,1% anual, sobre todo como consecuencia de la caída del precio internacional de las materias primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto generó una contracción de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una reducción del consumo. Sin embargo, dos factores atenuaron el efecto de este choque externo sobre el producto, permitiendo que, aunque más lentamente, el PBI siguiera aumentando. Primero, la prudencia con la que se habían manejado en años previos tanto la política fiscal como la monetaria y cambiaria. Esto posibilitó, por un lado, sobrellevar la caída de los ingresos fiscales sin ajustes drásticos en el gasto, y por el otro, contar con las reservas internacionales para facilitar una gestión ordenada del tipo de cambio. Segundo, el aumento de la producción minera, debido a la maduración de los proyectos gestados durante los años de auge, lo que impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda interna. En este contexto, el déficit por cuenta corriente disminuyó rápidamente de 4,8% del PBI en 2015 a 1,1% en 2017. Las reservas internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable y, hacia agosto de 2018, ascendieron a 27% del PBI. La inflación promedio se situó en 2,8% en 2017, dentro del rango meta del Banco Central.

Como parte del ajuste, en los últimos años el déficit fiscal se ha venido incrementando y cerró en 3,1% del PBI en 2017. El mayor déficit es resultado de una disminución en los ingresos debido a los menores precios de exportación y la desaceleración económica, y un incremento en los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. A pesar de ello, con 23,7 % del PBI, la deuda pública bruta (neta) del Perú sigue siendo una de las más bajas de la región.

Para 2018 se espera un repunte en el crecimiento del PBI a una tasa de alrededor del 4%, impulsada por una recuperación en la demanda interna. Por un lado, los precios más altos de las materias primas se vienen traduciendo en una nueva ola de inversiones mineras. Por otro, se espera que el aumento de la confianza empresarial, el incremento en la colocación aceleración de crédito y la mayor creación de empleos formales den soporte al consumo privado. Además, la inversión pública se ha acelerado debido a una mejor ejecución del gasto fiscal. En el mediano plazo, se espera que el crecimiento se mantenga cercano al 4% anual. Asimismo, el proceso de consolidación fiscal permitiría una convergencia del déficit público hacia un nivel de 1% del PBI en el 2021.

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a impactos externos como una caída de precios de las materias primas o un ajuste de las condiciones financieras internacionales. Algunos eventos que podrían desencadenar estos efectos son una escalada de las medidas proteccionistas en el ámbito comercial, una desaceleración del crecimiento de China o una mayor incertidumbre acerca de la viabilidad financiera de otras economías emergentes. Además, la economía está expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Frente a estos riesgos, la economía peruana ha establecido amortiguadores monetarios, cambiarios y fiscales que permitirían atenuar sus efectos.